En un acuerdo más político que técnico, el Gobierno Nacional y la COB, determinaron un incremento al salario mínimo nacional de un 5,85% y al haber básico del 3%, a pesar de que la inflación y crecimiento económico anual del 2023 fue de aproximadamente del 2%, tampoco se tomó en cuenta las perspectivas de crecimiento económico del país para este 2024, las cuales no superan el 2%.
A pesar de los efectos negativos de un incremento elevado que se habían señalado, mayor gasto público, agudización del déficit fiscal y establecimiento de un mayor peso financiero al sector privado nacional, la decisión fue tomada de manera bilateral. Se esperaba un incremento mesurado y sensato, sobre todo en el mínimo nacional, que ahora será de Bs. 2.500,18, el cual también incrementará otros gastos al empleador que vienen atados al SMN. Este es el mayor incremento que se da desde el 2018, a pesar de que nuestra economía está en un proceso de desaceleración.
Esto, además de afectar las finanzas públicas y privadas, puede dar lugar a «un tiro por la culata», sobre todo por el efecto que producirá en el sector privado, que puede incrementar sus precios de venta de bienes y servicios debido al incremento de sus gastos corrientes. Pero además, es porque esta política beneficia a un 20% o menos de la fuerza laboral de país, mayormente informal, que igualmente tratara de mantener su poder adquisitivo subiendo sus ingresos vía precios de mercado.
Realmente somos el país de al revés, bajan nuestros ingresos y suben nuestros gastos.
Luis Fernando Romero Torrejón,
Presidente del Colegio de Economistas de Tarija