La FUL ha solicitado a la Alcaldía la realización de un estudio tarifario que tome en cuenta el nivel socioeconómico de los usuarios del transporte público, así como la elaboración de un reglamento para la Ley 117, que regula el servicio.
Los universitarios consideran que cualquier aumento en las tarifas debe estar respaldado por datos que reflejen la realidad económica de la ciudadanía.
Hasta el momento, el alcalde de Tarija no ha respondido a las peticiones de los estudiantes. La falta de respuesta ha generado preocupación entre la comunidad universitaria, que teme que el incremento se lleve a cabo sin la debida consulta ni análisis previo.
Los universitarios esperan que las autoridades municipales atiendan su solicitud y que el proceso de ajuste tarifario sea transparente y justo, evitando que la medida afecte desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población.