Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad en Tarija han acusado al movimiento político del expresidente Evo Morales (MAS-IPSP) de orquestar el reciente paro de transportistas con fines políticos. Según estas organizaciones, el objetivo sería desestabilizar al gobierno actual y acortar el mandato del presidente Luis Arce.
La vicepresidenta del MAS-IPSP, Julia Ramos, ha denunciado que el paro busca politizar la situación y generar convulsión social. Asimismo, ha llamado a un diálogo entre las partes involucradas para encontrar soluciones a los problemas estructurales del país, como la subvención de los carburantes.
Por su parte, el secretario de la Federación de Trabajadores Campesinos, Andrés Meriles, ha calificado el paro como un «golpe de Estado» promovido por el «evismo». Ha recordado que Evo Morales está inhabilitado para postularse a las elecciones de 2025 y ha acusado a los diputados y senadores afines a Morales de bloquear la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones sociales han amenazado con tomar la Asamblea Legislativa si no se aprueban los créditos de inversión, especialmente el destinado al Programa Nacional de Riego Tecnificado. Según el ejecutivo de la Asociación Nacional de Regantes, Juan Manuel Yáñez, esta medida es necesaria para enfrentar la crisis hídrica y garantizar la producción agrícola en el país.
En resumen, la situación política en Bolivia se ha tensado debido al paro de transportistas y las acusaciones cruzadas entre las diferentes fuerzas políticas. Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad han señalado al MAS-IPSP como responsable de la crisis, mientras que este último ha negado las acusaciones y ha responsabilizado al gobierno por la falta de soluciones a los problemas del país.