Daniela Martínez denuncia haber pagado 9 mil bolivianos a cambio de un puesto de trabajo en la Asamblea Legislativa que nunca obtuvo. Según Martínez, ella no es la única víctima, ya que hay otras tres personas que también fueron estafadas de la misma manera.
La acusada, Marianela G., se hizo pasar por asambleísta para obtener el dinero de las víctimas. Martínez relata que incluso recurrió a un préstamo para conseguir el dinero que le fue solicitado. Esta situación ha generado un gran impacto emocional y financiero en las víctimas.
Martínez asegura que, tras la muerte de la sobrina de Marianela G., descubrieron que todo era una estafa. «Cuando falleció su sobrina, nos enteramos de que todo era una estafa. Le hemos pedido que nos devuelva el dinero y los documentos que le entregamos para trabajar,» expresó Martínez.
La acusada habría amenazado con quitarse la vida para evitar ser denunciada. Esta amenaza ha complicado aún más la situación, creando una atmósfera de tensión y preocupación entre las víctimas y sus familias.
Las víctimas están solicitando la devolución de su dinero y documentos, así como la intervención de las autoridades para resolver el caso. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de medidas más estrictas para prevenir y abordar este tipo de fraudes en la región.